La reciente derogatoria de la Ley N° 27360 -también conocida como la Ley de Promoción Agraria- tras masivas protestas de los trabajadores de las grandes empresas agroexportadoras, ha marcado un momento de crisis, pero también de oportunidad para el país. La defunción de un régimen fiscal y laboral cuyo origen y continuidad eran cuestionables, ha abierto la posibilidad de avanzar hacia políticas públicas que efectivamente balanceen los intereses públicos y privados, y cuyo eje sea la defensa de los derechos de todos los ciudadanos por igual.
Las considerables e injustificadas facilidades laborales que por décadas concedió la Ley de Promoción Agraria, se tradujeron en un enorme costo para miles de trabajadores de la agroindustria, quienes año tras año han enfrentado un panorama precario, con bajas remuneraciones, beneficios recortados y estabilidad negada. Pero la Ley N° 27360 no solo afectó los derechos de los trabajadores del sector. El régimen fiscal establecido por dicha Ley ha significado una situación de profunda desigualdad fiscal, otorgando privilegios tributarios y previsionales en favor de unos pocos, a costa del universo de contribuyentes y aportantes.
Así, la Ley de Promoción Agraria -que en realidad beneficia a un sector minoritario del agro- estableció que las empresas bajo dicho régimen pagarían una tasa de impuesto a la renta de apenas 15%, la mitad de lo que paga una empresa del régimen general. Igualmente se impuso que el aporte a ESSALUD de las empresas sea de 4%, menos de la mitad de lo que pagan las empresas que aportan la tasa regular.
Estos privilegios tributarios y previsionales han representado una enorme pérdida de recursos para el Estado y para la sociedad, y una masiva transferencia en favor de unos pocos. Entre el 2004 y el 2019, el costo tributario acumulado por la menor recaudación del impuesto a la renta debido a la Ley de Promoción Agraria[1] representó casi S/ 2.600 millones. A lo largo de las dos décadas de vigencia de la Ley, este costo tributario creció exponencialmente, pasando de S/. 22 millones en el año 2004 a un estimado de S/ 422 millones en el 2020. Más aún, se estimaba que para el 2021 el costo tributario seguiría creciendo, llegando a S/ 451 millones.
Pero el costo para el país no se limitó al ámbito tributario. El subsidio a las empresas agroexportadoras y agroindustriales por el menor aporte a ESSALUD ha significado fuertes pérdidas para la seguridad social, que entre el 2004 y el 2019 ascendieron a casi S/ 3.700 millones. Así, en el año 2019 la contribución a ESSALUD de las empresas bajo el régimen del Seguro Agrario ascendió a S/. 211 millones, pero el costo total de la atención a sus trabajadores fue de S/. 826 millones, generando un déficit a ESSALUD de S/. 614 millones, el cual debió cubrirse restando recursos al resto del universo de aportantes.
Más aún, los privilegios tributarios que concede la Ley de Promoción Agraria, lejos de distribuirse equitativamente, se concentran en un grupo reducido de grandes empresas. De esta forma, apenas 122 empresas representan el 73,2% del costo fiscal por el menor pago del impuesto a la renta. Estas grandes empresas disfrutan de mercados ya consolidados y abundante acceso a tecnología y financiamiento nacional e internacional, entre otras ventajas. Asimismo, han disfrutado por muchos años de beneficios que corresponden a emprendimientos incipientes.
En el contexto de la crisis sanitaria, económica y social por la COVID 19, es necesario que el Perú replantee su política fiscal para generar los recursos que urgentemente necesita, ahora y en adelante, para financiar los servicios de salud, educación, seguridad alimentaria, conectividad y otros para los ciudadanos. El Perú no puede continuar siendo uno de los países en Latinoamérica con menor recaudación tributaria respecto al PBI y donde, como consecuencia, menor es el financiamiento a la salud, la educación y la protección social.
Repetidamente, organismos multilaterales, como el FMI y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), han señalado que el Perú debe racionalizar su régimen de beneficios tributarios, que le cuesta al país cada año más de 2% del PBI debido a exoneraciones, tasas rebajadas y otros beneficios, que en muchos casos se otorgan y se perpetúan sin mayor sustento.
La justicia fiscal demanda que todos aportemos acorde a nuestras posibilidades, especialmente cuando el Perú enfrenta una crisis que, para ser superada, demandará fuertes gastos al Estado. Sin embargo, la realidad es que las grandes empresas de la agroexportación y la agroindustria no contribuyen en igual medida que otros sectores. Debe tenerse en cuenta que dichos sectores vienen disfrutando de un auge por la mayor demanda externa, siendo que a octubre 2020 las exportaciones agrícolas no tradicionales se habían incrementado en 8,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Ante este panorama, los privilegios tributarios que concedía el Régimen de Promoción del Agro resultan incluso menos justificables.
La derogatoria de la Ley de Promoción Agraria constituye una oportunidad para eliminar los privilegios tributarios que la agroindustria de exportación ha gozado durante dos décadas y plantear un nuevo tratamiento para el agro, más equitativo con todos los sectores. El desafío es lograr que este régimen sea justo, no solo en lo laboral, sino también en lo tributario y en el aporte a ESSALUD, estableciendo mecanismos para que las grandes empresas del sector contribuyan como les corresponde.
El Grupo de Justicia Fiscal insta al Gobierno y al Congreso a cumplir con su deber de impulsar la justicia y la neutralidad fiscal, para que todos los sectores de la economía aporten al país acorde a sus posibilidades.
Por ello, como Grupo de Justicia Fiscal planteamos lo siguiente:
- Equiparar el aporte tributario y previsional de las grandes empresas al régimen general.
Las empresas de la agroexportación y agroalimentarias con ingresos anuales por encima de los 3 mil UIT (más de S/ 12,9 millones) deberán pagar a partir del próximo año las tasas regulares de 29,5% por impuesto a la renta y de 9% por aporte a ESSALUD. Esta medida afectaría apenas a 308 grandes empresas.[2]
- Establecer tasas graduales para las empresas medianas.
Las 1.120 empresas agroindustriales con ingresos anuales entre los 150 UIT y los 3 mil UIT (más de S/ 645 mil y menos de S/ 12,9 millones) deberán pagar a partir del 2021 las siguientes tasas de manera gradual:
- Promover las pequeñas y microempresas
Las empresas agroexportadoras, ganaderas y agroalimentarias con ingresos anuales menores a los 150 UIT (menos de S/ 645 mil soles), sumando 1.785 empresas, mantienen una tasa del 15% para el Impuesto a la renta. La tasa del aporte a ESSALUD será del 6% en el 2021 y se incrementará gradualmente 1% anual hasta equipararse a la tasa regular de 9% en el 2024.
- Reconocer a los trabajadores del sector el derecho a participar en las ganancias
Los trabajadores de las empresas agroindustriales; sin excepción; deben tener el derecho a participación en las utilidades, percibiendo un porcentaje de 8% sobre la renta anual antes de impuestos, similar a lo que se percibe en el sector minero y otros.
La justicia fiscal es un objetivo y una tarea que demanda un compromiso político y un esfuerzo constante y debe impulsarse desde todos los sectores del Estado y la sociedad. Asegurar que cada sector aporte al fisco y a la seguridad social como corresponde no solo resulta justo sino también necesario, a fin de avanzar en una agenda general de equidad para que todos contribuyamos a la construcción y desarrollo de nuestro país acorde a nuestras posibilidades.
[1] Representando a la agroexportación, la actividad pecuaria y agroalimentaria.
[2] Acorde al informe N° 0109 -2020-EF/61.01 del Ministerio de Economía y Finanzas.
Lima, 17 de diciembre de 2020
El Grupo de Justicia Fiscal Perú (GJF Perú) es una plataforma de organizaciones de la sociedad civil constituida con el objetivo de promover y apoyar políticas públicas en favor de la Justicia Fiscal. Está conformado por cuatro instituciones: CooperAcción, Grupo Propuesta Ciudadana, Natural Resource Governance Institute y Oxfam.
